La iniciativa sostiene que se hace necesario levantar información fidedigna que permita comparar las diferencias sociales entre cada persona afectada por la prisión preventiva porque no existiría un método expedito para realizar dicha investigación y definir los criterios no discriminatorios para su aplicación
El requirente alega que se le impide reclamar de una sentencia que lo perjudica, afectándose su garantía a un debido proceso.
Lo impugnado no es uno o más preceptos legales que, en su aplicación en una gestión pendiente produzcan un resultado contrario a la Constitución. Al contrario, se cuestiona la decisión adoptada por la Corte Suprema al rechazar un recurso de reposición que se vincula, a su vez, con la sustanciación de un recurso de revisión desestimado.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.
La gestión en que incide el requerimiento no se encuentra pendiente de modo que una eventual sentencia que declare la inaplicabilidad no podrá surtir efecto en dicha gestión.
El requirente alega que la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Sala Tramitadora era la recurrida de queja, emitió tardíamente dicho certificado, lo que generó la inadmisibilidad del recurso por parte de la Corte Suprema.
El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a la defensa y el debido proceso.
El documento señala que un punto que requiere ser resuelto dice relación con el derecho preferente que se entrega a “los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley” para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los nuevos cargos de jueces de tribunal civil o de juzgado de letras con competencia común.
El proyecto busca fomentar y aumenta el acceso e inclusión al sistema de justicia civil, fortaleciendo así la democracia.
Los adultos mayores han debido enfrentar históricamente discriminaciones que atentan contra sus derechos fundamentales y dignidad, lo que se acentúa por la carencia de una política integral de Estado que contenga las herramientas eficaces que las proteja.
