El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a la defensa y el debido proceso.

El documento señala que un punto que requiere ser resuelto dice relación con el derecho preferente que se entrega a “los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley” para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los nuevos cargos de jueces de tribunal civil o de juzgado de letras con competencia común.

El proyecto busca fomentar y aumenta el acceso e inclusión al sistema de justicia civil, fortaleciendo así la democracia.

Los adultos mayores han debido enfrentar históricamente discriminaciones que atentan contra sus derechos fundamentales y dignidad, lo que se acentúa por la carencia de una política integral de Estado que contenga las herramientas eficaces que las proteja.

Los recurridos actuaron dentro de la esfera de sus competencias, de acuerdo a los antecedentes presentados en juicio y entregando una debida fundamentación a la resolución impugnada.

El juez debió examinar el mérito de la demanda y resolver en su mérito.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a los demandados rendir cuenta documentada de la administración de la sociedad educacional, entre octubre de 2007 y octubre de 2017.

Consecuencias del fallo de la Corte IDH Urrutia Laubreaux vs. Chile.

El magistrado mantuvo el plazo de investigación en 200 días, fijado el 20 de agosto pasado, en una primera audiencia de formalización por el delito de falsificación de instrumento privado, en la que compareció el coimputado y funcionario de la notaría.