Incorpora nuevas herramientas como la ampliación de las técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones de organizaciones delictuales. 

La descripción contenida en la norma impugnada constituye una tipificación suficiente del núcleo esencial de la conducta ilícita, sin que se verifique la existencia de una ley penal en blanco como alegó la parte requirente, razona la Magistratura Constitucional.

La norma discutida en la Comisión de Seguridad Ciudadana busca hacerse cargo de una práctica con alta prevalencia como es el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles mediante su lanzamiento desde el exterior.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.

Las cifran dan cuenta de que la mayor cantidad de sustancias o elementos prohibidos que se encuentran al interior de recintos penitenciarios son hallados en el patio o en el techo del recinto, que las incautadas en las celdas.

Implica la invisibilización de un delito brutal tan solo porque el sujeto activo no es un “funcionario público”. Ello puede constituir una diferencia arbitraria conforme al inciso segundo del art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en cuanto señala que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Los proyectos de ley recibieron la aprobación del gobierno y el Ministerio del Interior emitió una notificación designando el 1 de julio de 2024 como la fecha para la implementación de las nuevas leyes. El 30 de abril, se emitió un aviso autorizar la capacitación de los funcionarios policiales y del poder judicial en los nuevos aspectos de las reformas penales, con el fin de facilitar su implementación.

El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.

La tecnología ha desafiado los límites jurídicos a lo largo del mundo, generando riesgos para múltiples garantías y derechos fundamentales, tales como la honra de la persona y el derecho a la protección de la vida privada.

Es necesario que el crimen organizado se aborde y persiga con una mirada de Estado, un enfoque global que permita entender que este fenómeno delictual es trasnacional y tiene patrones de comportamiento que permitan anticiparse a los efectos de las decisiones y políticas que se tomen o implementen para perseguirlo.