Los proyectos de ley recibieron la aprobación del gobierno y el Ministerio del Interior emitió una notificación designando el 1 de julio de 2024 como la fecha para la implementación de las nuevas leyes. El 30 de abril, se emitió un aviso autorizar la capacitación de los funcionarios policiales y del poder judicial en los nuevos aspectos de las reformas penales, con el fin de facilitar su implementación.

El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.

La tecnología ha desafiado los límites jurídicos a lo largo del mundo, generando riesgos para múltiples garantías y derechos fundamentales, tales como la honra de la persona y el derecho a la protección de la vida privada.

Es necesario que el crimen organizado se aborde y persiga con una mirada de Estado, un enfoque global que permita entender que este fenómeno delictual es trasnacional y tiene patrones de comportamiento que permitan anticiparse a los efectos de las decisiones y políticas que se tomen o implementen para perseguirlo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de legalidad y de tipicidad, ya que, con ocasión de que el proceso penal fue iniciado por una querella hace más de siete años, el precepto impugnado obliga al Juez a considerar el delito de prevaricación conforme al artículo 233 número 2 del Código Penal, en circunstancias que dicho precepto está derogado.

El Pleno concluye que, la propuesta legislativa en nada altera las atribuciones del tribunal, toda vez que la solicitud de prisión preventiva, independientemente de la naturaleza del delito o calidad de las víctimas, debe ser resuelta fundadamente, lo que implica dar a conocer las motivaciones del sentenciador para dar o no por acreditados los presupuestos de dicha cautelar.

El objetivo del legislador al establecer una disposición transitoria como la impugnada, sólo tuvo por fin evitar alegaciones como las que se plantean en el requerimiento, en orden a que la derogación formal de un precepto se traduciría en una despenalización de la conducta.

En una votación marcada por la división y una cantidad significativa de ausencias se aprobó la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para refundir los proyectos de ley, que tipifican el delito de zoofilia, iniciados en moción, contenidos en los boletines N° 12822-07, 14621-07 y 15733-07.

Siendo el problema de las plagas un tema de trascendencia nacional, resulta que, de acuerdo a la normativa actual, la acción que consista o derive en la internación de las plagas a territorio nacional no está sancionada.

Esta propuesta podría contribuir significativamente a mejorar la probidad y la eficacia del Estado y sus instituciones en la protección del interés público y en el funcionamiento de la democracia como sistema político, al asegurar que la justicia pueda actuar independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la comisión del delito.