El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.
El Pleno concluye que, la propuesta legislativa en nada altera las atribuciones del tribunal, toda vez que la solicitud de prisión preventiva, independientemente de la naturaleza del delito o calidad de las víctimas, debe ser resuelta fundadamente, lo que implica dar a conocer las motivaciones del sentenciador para dar o no por acreditados los presupuestos de dicha cautelar.
El proyecto tiene como objetivo la introducción del denominado caso urgente para facultar excepcionalmente al Ministerio Público, bajo hipótesis tasadas y respecto de la investigación de determinados delitos, instruir a las policías la detención de una persona por riesgo de fuga o peligro inminente para la integridad física o vida de la víctima, su familia o testigos de la investigación.
No son equivalentes un día de arresto en su domicilio que un día de privación de libertad en un recinto penitenciario. Si bien ambas son medidas de restricción de libertades, son de distinta entidad e intensidad, a tal punto que cuando a un formalizado se le decreta arresto domiciliario es valorado como un beneficio. Se busca poner término a las señales erróneas que se producen con esta medida cautelar.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que de manera arbitraria otorga una solución distinta a la prevista por el artículo 9 de la Ley 18.216, en cuanto esta última refiere que para los efectos de la conversión de la pena inicialmente impuesta, se computarán 8 horas continuas de privación de libertad y la norma cuestionada computa 12 horas
La moción, que recibirá indicaciones hasta el lunes 18 del presente, busca dotar a las policías de mayor tiempo para poner al infractor a disposición de la justicia. La Sala acordó que en particular, el texto sea analizado por la Comisión de Constitución.
La moción busca ampliar el alcance de las medidas especiales de investigación del Ministerio Público para ser utilizadas en crímenes contra la vida e integridad de las personas, cuando los hechos que afecten tales bienes jurídicos lleven aparejada una pena de al menos 5 años y un día de presidio.
La Séptima Sala del Tribunal de alzada estableció que la parte recurrente, Gendarmería de Chile, no puede ser considerada como un tercero completamente ajeno o extraño al procedimiento penal, especialmente cuando la materia en cuestión se relaciona con la forma de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Comisión de Constitución conoció la propuesta que pretende limitar el acceso a la libertad provisional establecida en el Código Procesal Penal, para cualquier imputado por este tipo de delitos.
La propuesta significa un retroceso respecto a lo consensuado en la elaboración de la ley 21.325, que establece en su artículo 9° el principio de no criminalización de la migración irregular.
