La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de la ciudadanía de recibir respuestas oportunas y efectivas por parte de las policías, cuando se es víctima de un delito de hurto o robo de un bien del cual puede acreditar propiedad y su ubicación.
Además, la Comisión de Deportes comenzó el análisis del proyecto que reconoce el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación.
El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que impide que el querellante sostenga la acusación particular. En otros términos, la víctima quedará impedida de ejercer acción penal ante el delito que le afecta.
La iniciativa sostiene que se hace necesario levantar información fidedigna que permita comparar las diferencias sociales entre cada persona afectada por la prisión preventiva porque no existiría un método expedito para realizar dicha investigación y definir los criterios no discriminatorios para su aplicación
El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad, desde que establece una distinción injustificada para con los copropietarios del inmueble, que no son ocupantes ilegales, sino que terceristas.
Incorpora nuevas herramientas como la ampliación de las técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones de organizaciones delictuales.
La policía al ejecutar la orden de detención por caso urgente deberá hacer el registro correspondiente e informar inmediatamente al fiscal que la emitió, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de garantía.
En la investigación de ciertos delitos es de particular relevancia para el Ministerio Público y las policías contar con el tráfico de llamadas o de datos por internet en el más breve plazo posible.
La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer la acción penal, desde que no solo contravienen el Código Procesal Penal, pues por una parte se ha consagrado un procedimiento eminentemente oral, pero, por otra, de forma contradictoria, se establece que se proceda por escrito, llevando en esto la carga procesal y sancionatoria a la parte querellante, sino también vulneran las normas constitucionales que se citan.
El proyecto de ley busca establecer un marco jurídico que garantice el derecho a un juicio justo y un proceso adecuado para los militares, en línea con los principios del debido proceso y los derechos humanos, en lo que se logra avanzar en una buena medida.
El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.
