La requirente estima que las normas censuradas provocan su indefensión en el proceso donde detenta calidad de víctima del delito de desacato.
La moción pretende que las mujeres encarceladas que estén embarazadas o tengan hijos de hasta 2 años no cumplan condena en un centro penal, todo con el fin de proteger a los menores.
El Tribunal de alzada estableció que en la especie se cumplen los requisito establecidos en el tratado sobre la materia suscrito entre Chile y Venezuela, para solicitar la extradición activa y la detención previa del ciudadano venezolano que se encuentra, actualmente, detenido en Caracas.
El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El Tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción constitucional, al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución judicial impugnada ni existir perjuicio o amenaza a alguna garantía fundamental del amparado.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el procedimiento penal vulnera sus garantías constitucionales.
El máximo Tribunal estableció infracción al debido proceso en la actuación de la policía, al hacer ingreso al inmueble donde sorprendió la plantación de cannabis sativa, sin justificación legal.
La moción tiene por objeto proteger a los propietarios y presuntos compradores, y erradicar un potencial foco de financiamiento de organizaciones ilícitas y/o criminales.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
Vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y un procedimiento racional y justo.
