El tribunal penal llamó a las partes para debatir la recalificación del hecho punible establecido en la acusación sin resguardar el derecho de defensa efectiva de los acusados.
En los hechos de la causa no consta de forma clara cuales fueron los indicios que motivaron al personal policial a efectuar el control de identidad sobre el acusado.
El recurso de nulidad no constituye una vía para impugnar la valoración de la prueba realizada por el tribunal penal.
El actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que obraron en virtud de una denuncia revestida de seriedad y verosimilitud que entregó detalles precisos sobre la comisión de un delito.
Los recurridos actuaron dentro de la esfera de sus competencias, de acuerdo a los antecedentes presentados en juicio y entregando una debida fundamentación a la resolución impugnada.
La supuesta agresión de las víctimas no altera la validez ni la legitimidad del procedimiento. Solo asiste al acusado el derecho a perseguir la responsabilidad de quien resulte responsable de los daños.
El Ministerio Público debe cumplir las cargas procesales que le impone la ley si su suspensión lesiona las garantías básicas al debido proceso del imputado.
El Tribunal Oral en lo Penal no se encuentra obligado a apreciar las pruebas consideradas en el auto de apertura, ya que la valoración y la declaración de ilicitud de una prueba se realiza dentro del juicio oral.
Los sentenciadores son soberanos para determinar la procedencia de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes de un delito.
La defensa solo alegó que el juicio se realizó mediante video llamada, sin precisar acabadamente como se vulneró la garantía al debido proceso.
