Al no apreciarse un conflicto constitucional suficiente y adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.

Así mismo en los juicios que se discuta la responsabilidad civil de los profesionales mencionados en el artículo 112° y siguientes del Código Sanitario, deberán probar haber actuado con la debida diligencia y en el cumplimiento de la ley artis médica, liberando de la carga probatoria al demandante.

La requirente estima que las normas impugnadas producen, entre otras consecuencias inconstitucionales, su total indefensión procesal.

La requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el debido proceso.

Confirma su doctrina contenida en el dictamen N° E177724N22.

Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, al acoger parcialmente la reclamación interpuesta en contra de la resolución sancionatoria adoptada por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

Se ajustó a lo dispuesto en el Código Sanitario, en específico, a sus artículos 26 y 27, que permiten a la autoridad sanitaria efectuar medidas de aislamiento, en pos de resguardar la salud pública, la seguridad nacional del país y el bienestar de los habitantes.

La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.