¿Lo que faltó analizar desvirtúa todo lo demás razonado y argumentado por la sentencia? No lo sabemos, y es ese justo el problema, porque el tribunal no expresó razones en dicho sentido, más allá de lo escuetos argumentos de referencia que otorga cuando menciona a la deponente.
El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de endurecer las sanciones por intentar vincularlo con la política.
El tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, que sustituyó la medida cautelar de arresto domiciliario total, por la de arresto parcial nocturno.
Alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad, como así también el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, desde que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.121, se aumentó ostensiblemente el marco punitivo de los delitos.
El acusado era parte esencial en el entramado delictual, prestando labores de vigilancia, asistencia en ruta para evitar controles fronterizos, y “ayuda con los papeles” cuando los camiones en los que era transportada la droga eran controlados. El máximo Tribunal ratificó la condena por seis delitos de cohecho, y consideró que las escuchas telefónicas que desbarataron la organización se ajustaron a derecho.
El alcalde de la Municipalidad de Rancagua estima que la norma objetada vulnera el derecho a la defensa, desde que se le impide ejercer su derecho a presentar pruebas de descargos, examinar la prueba de cargo y, en definitiva, de ejercer su derecho a una defensa técnica, en cambio, le otorga una ventaja indebida al órgano persecutor.
El requerimiento de licencia profesional está dada también por las dimensiones y características del vehículo, superiores a las permitidas a los que pueden ser conducidos con una licencia no profesional y es ello lo que impone exigencias superiores a sus conductores que el acusado no reunía.
En la audiencia de sobreseimiento, el magistrado acogió la solicitud al compartir que, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Copiapó de desaforar al parlamentario y no dar lugar a formación de causa, solo procede dictar el sobreseimiento definitivo.
El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado.
El máximo Tribunal anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.
Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.
