El acusado era parte esencial en el entramado delictual, prestando labores de vigilancia, asistencia en ruta para evitar controles fronterizos, y “ayuda con los papeles” cuando los camiones en los que era transportada la droga eran controlados. El máximo Tribunal ratificó la condena por seis delitos de cohecho, y consideró que las escuchas telefónicas que desbarataron la organización se ajustaron a derecho.

El alcalde de la Municipalidad de Rancagua estima que la norma objetada vulnera el derecho a la defensa, desde que se le impide ejercer su derecho a presentar pruebas de descargos, examinar la prueba de cargo y, en definitiva, de ejercer su derecho a una defensa técnica, en cambio, le otorga una ventaja indebida al órgano persecutor.

El requerimiento de licencia profesional está dada también por las dimensiones y características del vehículo, superiores a las permitidas a los que pueden ser conducidos con una licencia no profesional y es ello lo que impone exigencias superiores a sus conductores que el acusado no reunía.

En la audiencia de sobreseimiento, el magistrado acogió la solicitud al compartir que, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Copiapó de desaforar al parlamentario y no dar lugar a formación de causa, solo procede dictar el sobreseimiento definitivo.

El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado. 

El máximo Tribunal  anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.

Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.

Si bien los delitos de cohecho activo y pasivo específico son conexos, la responsabilidad de cada agente está tipificada por separado; entonces, ambos sujetos son punibles como autores de su propio delito. Lo relevante es que el hecho delictivo esté perfectamente delimitado, y en estos supuestos el procedimiento de investigación preparatoria no culmina para los restantes imputados no acogidos.

Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.

El Tribunal de alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.