En la audiencia de sobreseimiento, el magistrado acogió la solicitud al compartir que, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Copiapó de desaforar al parlamentario y no dar lugar a formación de causa, solo procede dictar el sobreseimiento definitivo.

El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado. 

El máximo Tribunal  anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.

Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.

Si bien los delitos de cohecho activo y pasivo específico son conexos, la responsabilidad de cada agente está tipificada por separado; entonces, ambos sujetos son punibles como autores de su propio delito. Lo relevante es que el hecho delictivo esté perfectamente delimitado, y en estos supuestos el procedimiento de investigación preparatoria no culmina para los restantes imputados no acogidos.

Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.

El Tribunal de alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.

De los antecedentes acompañados por la nación trasandina, se desprende que el delito imputado se encuentra prescrito en nuestro país, ya que fue presuntamente cometido entre los meses de julio a agosto del 2014, excediendo el plazo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal.

El magistrado acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.

Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.