El magistrado acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.
Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.
El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.
La argumentación expuesta en el fallo absolutorio carece de lógica y racionalidad.
Cualquier acto corrupto se constituye en un claro obstáculo para el desarrollo de toda la comunidad.
García Carreño actuó como “comisionista”, al encargarse entre septiembre de 2018 y junio de 2019, de “contactar a personas que necesitaran un pasaporte o cédula de identidad falsos, haciendo las coordinaciones necesarias para que fueran a determinadas sedes del Registro Civil y fueran atendidas por los funcionarios con quienes existía el acuerdo.
El Tribunal consideró que los antecedentes aportados por la defensa no hacen variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva de Aguilera Sanhueza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.
El Tribunal de alzada acogió la apelación deducida por el Ministerio Público y revocó la resolución dictada el 7 de enero pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco.
