El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento educacional al no tomar los resguardos necesarios para cuidar la integridad psíquica de la menor, ni proteger su identidad e, incluso, revelar antecedentes privados en una reunión con apoderados.
La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del establecimiento educacional al tratar de forma desigual a otros alumnos que incurrieron en la misma conducta sancionada.
Prolongar indefinidamente la separación del menor del resto del alumnado e impedir la interacción directa con éstos y los profesores, constituye una forma de discriminación que al día de hoy resulta desproporcionada e injustificada.
La jueza consideró que el establecimiento fue responsable por el daño moral por inacción provocado a la alumna al no evitar el acoso escolar de compañeras de curso.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al desatender las necesidades especiales que requiere el alumno.
Se estableció el actuar ilegal y arbitrario del MINEDUC al exigir que estudiantes debían convalidar los cursos a través de exámenes libres. Entiende la Corte que existió justa causa de error y que se ha actuado de buena fe, tanto más si el colegio subió la información académica al sistema SIGE, aun cuando haya sido en forma indebida.
No resulta procedente negar la calidad de apoderado sin que exista motivo plausible para ello, mediante una resolución fundada que lo justifique.
En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del establecimiento al no aplicar el reglamento de convivencia escolar ni abrir una investigación interna, tras tomar conocimiento de la agresión que sufrió la menor el 13 de abril de 2018, en una actividad realizada fuera del colegio.
El máximo Tribunal estableció que hubo error de derecho al establecer responsabilidad solidaria de la directora por faltar a los deberes de seguridad y prevención de los niños víctimas de los delitos cometidos por dos auxiliares.
La constructora superó los niveles de ruidos permitidos en la norma de emisión, afectando las labores en un colegio colindante.
El respeto de la presunción de inocencia implica darle tratamiento de tal al denunciado, incluyendo su no exposición como responsable de un ilícito cuya investigación recién se encuentra en proceso ante la entidad persecutora penal de rigor.
