El establecimiento educacional sólo se ha limitado a cumplir de manera irrestricta lo resuelto por resolución judicial, cuestión que, no es baladí si se considera que la ejecución de los fallos es uno de los componentes esenciales de la tutela judicial efectiva.

Hoy la ley penaliza la comercialización de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías al interior de estos establecimientos. El senador Castro aseguró que “la moción también apunta a limitar la publicidad de estos alimentos”.

Se aplica a su respecto el artículo 74 del Código del Trabajo, por lo que el beneficio no puede suspenderse, o trasladarse a una época distinta de aquella que corresponde a la interrupción de actividades escolares-, por el hecho de haberse hecho uso de licencia médica.

Resulta del todo adecuado que el colegio tome medidas de resguardo no solo por la seguridad del estudiante, sino que también respecto de los demás educandos, ya que es el conjunto de alumnos los que se encuentran bajo el cuidado y la tutela del colegio.

No se ha dado cuenta de las medidas de resguardo del interés superior de la niña afectada, principio que se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo.

El colegio adoptó la sanción más gravosa de su reglamento interno en contra de uno de sus estudiantes por una única denuncia, sin considerar además las consecuencias derivadas de la decisión, atendida la separación de su comunidad estudiantil.

En la Superintendencia de Educación se encuentra pendiente la resolución el procedimiento administrativo sancionatorio incoado a propósito de la denuncia realizada por la recurrente, por las irregularidades denunciadas.

Para alegar discriminación sexual se requiere identificar a un miembro del sexo opuesto en situación similar que haya sido tratado más favorablemente.

Sobre cada alumno, en tanto miembro de la comunidad educativa, y como contrapartida de los derechos que les asisten, pesan deberes expresamente contemplados en la normativa educacional, cuyo incumplimiento puede y debe ser objeto de investigación y corrección.

No se vislumbra acto u omisión ilegal y arbitrario en la tramitación del procedimiento que concluyó con la cancelación de la matrícula del estudiante, ni que la sanción fuera desproporcionada, tanto en razón a la entidad de la falta establecida como por no tratarse de la primera medida aplicada al alumno.