La decisión que motiva la sanción a la apoderada se adoptó con anterioridad al inicio de la investigación.

Así lo propone la iniciativa que deberá ser analizada por la Comisión de Seguridad Pública y que tipifica el delito de incendio en establecimientos educacionales, con lo que se arriesgaría como pena mínima 10 años y un día de cárcel, hasta una pena máxima de presidio perpetuo.

La Magistratura Constitucional colombiana adujo que es deber de las instituciones educativas propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa y no apartarlo para que sus clases fueran individuales y sin contacto alguno con sus compañeros.