El requerido se sometió a las reglas del procedimiento simplificado de extradición, y fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades colombianas. En Chile enfrentaba un proceso por cohecho, pero debido a la gravedad del delito cometido en su país natal, la magistratura consideró que debía ser juzgado primero en Colombia.
El daño ambiental provocado por sociedades comerciales en Colombia resulta impune principalmente por las diversas formas de ocultar el patrimonio de la sociedad, por lo que debería seguirse el ejemplo de otros ordenamientos jurídicos que permiten como causal del levantamiento del velo corporativo el daño ambiental .
El mundo conmemora por primera vez el Día contra la delincuencia organizada transnacional. La agencia contra la droga y el delito advierte que solo una respuesta coordinada entre los países podrá hacer frente a redes criminales que no conocen fronteras.
En mayo de 1998, miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), grupo paramilitar, llevaron a cabo una serie de ataques en varios barrios de Barrancabermeja, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a civiles.
Según la solicitud, el beneficiario es periodista, líder comunal y social en Colombia. Debido a sus labores, ha venido recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto y en redes sociales, además de seguimientos por personas desconocidas en motocicletas y por un vehículo no identificado.
La solicitud indica que G.O.F., patrullero de la Policía Nacional, habría sido amenazado de muerte tras negarse a devolver explosivos que le fueron confiados por dos subintendentes de la Unidad de Antinarcóticos, quienes presuntamente planeaban entregarlos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según la solicitud, la beneficiaria se encuentra con paradero desconocido desde el 20 de abril de 2024, tras haber sido presuntamente reclutada por el grupo armado ilegal de la Segunda Marquetalia. La adolescente logró comunicarse, hasta agosto de 2024, con sus padres por audios y mensajes.
No se desconoce que a través de las redes sociales sea posible incrementar las ventas y el número de clientes, por cuanto pueden ser más los usuarios que ven y se interesan por los productos, pero lo cierto es que la medida cautelar de embargo y secuestro no se puede decretar sobre una red social, por cuanto no es un bien de la ejecutada, sino como se indicó, un medio de comunicación.
En medio de posturas divididas, la Corte Constitucional de Colombia avanza en la revisión de la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú.
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
Si la Corte IDH decide emitir la Opinión Consultiva, ello será un hecho de importancia histórica, pues se trataría de la primera vez que aborda la relación entre derechos humanos y la emergencia climática.
