Según la solicitud, la beneficiaria se encuentra con paradero desconocido desde el 20 de abril de 2024, tras haber sido presuntamente reclutada por el grupo armado ilegal de la Segunda Marquetalia. La adolescente logró comunicarse, hasta agosto de 2024, con sus padres por audios y mensajes.

No se desconoce que a través de las redes sociales sea posible incrementar las ventas y el número de clientes, por cuanto pueden ser más los usuarios que ven y se interesan por los productos, pero lo cierto es que la medida cautelar de embargo y secuestro no se puede decretar sobre una red social, por cuanto no es un bien de la ejecutada, sino como se indicó, un medio de comunicación.

En medio de posturas divididas, la Corte Constitucional de Colombia avanza en la revisión de la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú.

Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos). 

Si la Corte IDH decide emitir la Opinión Consultiva, ello será un hecho de importancia histórica, pues se trataría de la primera vez que aborda la relación entre derechos humanos y la emergencia climática.

En las observaciones preliminares, se resalta que la extrema desigualdad y la discriminación estructural, se relacionan con el conflicto armado y con las diferentes manifestaciones de la violencia. Asimismo, se valora la implementación del Acuerdo de Paz y reafirma el apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz a partir del diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos.

La EUIPO estimó correctamente que las personas asocian el nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y con el narcoterrorismo, así como con los crímenes y el sufrimiento derivados de ellos, más que con sus posibles buenas obras a favor de los pobres en Colombia. Por lo tanto, la marca será percibida como contraria a los valores y a las normas morales fundamentales imperantes en la sociedad española.

La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.

El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio.

A fin de aportar consideraciones jurídicas sobre derechos humanos y cambio climático frente a la solicitud de opinión consultiva presentada por Chile y Colombia.