El tratamiento inadecuado de aguas servidas, en zonas residenciales, vulnera los derechos a la salud, a una vivienda digna, a la integridad física, a la intimidad y a la vida.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de investigación en el crimen, por lo que se comprometió a adoptar medidas de reparación en favor de la familia del fallecido.

La excepción de veracidad permite que terceros puedan denunciar delitos sexuales y contra la libertad sin incurrir en responsabilidad penal por injurias y calumnias.

Sobre la base de la coyuntura de la Constituyente chilena y una experiencia colombiana, el autor reflexiona sobre las narrativas en torno a los derechos de la naturaleza.

La Fiscalía de Colombia publicó los resultados de la prueba toxicológica realizada a Taylor Hawkins tras su muerte ¿Se violó el derecho a la intimidad?

El autor explica en qué se diferencian las recientes decisiones de la CPI sobre los casos de Colombia y Venezuela, y qué tienen en común.

El denominado “privilegio del combatiente” se activa únicamente en los conflictos armados internacionales.

Las entidades públicas están obligadas a prever mecanismos dirigidos a proteger a las personas que desempeñen cargos de suplente y deban ser retiradas con ocasión de la lista de elegibles, pero que se encuentren en alguna situación de debilidad manifiesta.

La presunción de inocencia no es una garantía absoluta cuando está de por medio la protección de un niño que ha sido víctima de un presunto abuso sexual.

La CIDH consideró que el Estado de Colombia es responsable por la violación de las garantías judiciales de la víctima, consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.