El ente fiscalizador actuó conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
El Tribunal Superior no interpretó erróneamente el tipo delictivo de colusión ni aplicó indebidamente sus elementos a los hechos acusados.
Los senadores que impulsan una iniciativa en tal sentido seguirán escuchando a alcaldías interesadas en participar como proveedoras de este bien esencial con el fin de terminar con la concentración de precios que perjudica a los consumidores.
El derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.
El Tribunal acogió las excepciones de falta de legitimación pasiva de la demandada y de prescripción, tras establecer que la empresa no es proveedora directa de los consumidores y que se encuentra vencido el plazo legal para ejercer la acción.
La FNE arguyó que, la norma impugnada no constituye una sanción, dado que, aun cuando permite cobrar a la persona natural la multa impuesta a la empresa, esta conserva el derecho a cobrar a la persona jurídica el total de lo pagado
