Esta clase de comercio no sólo incumple la legislación vigente, sino además, produce enormes pérdidas fiscales, pues no paga los impuestos correspondientes, ocupa espacios públicos, viola la propiedad intelectual e incluso puede poner en riesgo al consumidor al adquirir productos de dudosa procedencia, todo ello en la más completa impunidad.
Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.
La Quinta Sala del Tribunal de alzada consideró que hubo actuar ilegal y que afecta el derecho de propiedad de los comerciantes establecidos del barrio.
La Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Jéssica González, consideró actuar arbitrario del municipio al no fiscalizar el comercio en la zona y afectar a los locales comerciales establecidos.
Si bien la alcaldesa Irací Hassler, remarcó que revisarán los antecedentes, afirmó que lo más importante para ellos es «que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos».
El Tribunal de alzada rechazó la acción entablada al establecer que las autoridades recurridas han adoptado diversas medidas de control de un problema social complejo.
El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.
Los inspectores municipales cuentan con herramientas para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante.
Además, el municipio mantuvo en todo tiempo las fiscalizaciones al comercio informal.
Las recurridas no han dado cumplimiento al deber de coordinación al interior de la Administración del Estado, previsto en el artículo 5 de la Ley N°18.575.
La recurrida no puede traspasar su obligación a Carabineros de Chile.
