Concluyó que el municipio no incurrió en inacción arbitraria o ilegal, ya que acreditó la implementación de medidas para regular el comercio ambulante, incluyendo fiscalización, arriendo de terrenos y proyectos de mejora, lo que excluye una vulneración de derechos fundamentales.
Los recurrentes reconocen que no poseen los permisos necesarios para instalarse en la calle y comerciar bienes, por lo que la magistratura estimó que mediante la acción cautelar no pueden pretender revestir de legalidad una actividad informal, pues ello implicaría un ejercicio abusivo del derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución.
Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.
La Quinta Sala del Tribunal de alzada consideró que hubo actuar ilegal y que afecta el derecho de propiedad de los comerciantes establecidos del barrio.
La Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Jéssica González, consideró actuar arbitrario del municipio al no fiscalizar el comercio en la zona y afectar a los locales comerciales establecidos.
Si bien la alcaldesa Irací Hassler, remarcó que revisarán los antecedentes, afirmó que lo más importante para ellos es «que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos».
El Tribunal de alzada rechazó la acción entablada al establecer que las autoridades recurridas han adoptado diversas medidas de control de un problema social complejo.
El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.
Los inspectores municipales cuentan con herramientas para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante.
Además, el municipio mantuvo en todo tiempo las fiscalizaciones al comercio informal.
Las recurridas no han dado cumplimiento al deber de coordinación al interior de la Administración del Estado, previsto en el artículo 5 de la Ley N°18.575.
