Si bien el apartado contiene casi 40 artículos, son dos los que han concentrado la mayor atención del debate: aquel sobre el Sistema Electoral y el umbral del 5%; y el que cesa en su cargo a parlamentarios que hayan renunciado a su partido político. En ellos descansa las pretensiones de otorgar mayor protagonismo a los partidos y evitar la “fragmentación” del Congreso. 

Comisionados del oficialismo buscan dotar a la entidad de herramientas que permitan otorgarle nuevas tareas, como la de contribuir al bienestar social de la población.

Comisionados del oficialismo ingresaron dos indicaciones para modificar el primer artículo del actual anteproyecto constitucional: una para modificar su redacción y otra para incorporar al Estado Social y Democrático de Derecho en su redacción.

En la propuesta también se pide que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales, y la creación de la Agencia Nacional de Aguas y Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. Además, se plantea incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”.

En el comentario a la propuesta de la Comisión Experta, elaborado por profesores de Derecho UC, se advierte que este órgano no abordó temáticas como la falta de transparencia y ausencia de información sobre calificación de jueces que existe hoy, por lo que se plantea incluir esta evaluación de desempeño de los magistrados en la Constitución.

Este viernes sostuvieron una reunión informal para ver aspectos administrativos, mientras que para el inicio de la próxima semana está prevista su constitución oficial y la elección de su mesa directiva, entre otras medidas.

El Consejo Constitucional será un órgano de al menos 50 integrantes que tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. La ciudadanía deberá elegir sus integrantes en votación popular el 7 de mayo de 2023 y se elegirá igual número de mujeres que de hombres. Se podrán agregar también representantes de los pueblos originarios, cuyo número dependerá de la votación del padrón electoral indígena.

El documento regula en 5 artículos la acción de reclamación de infracciones a las reglas de procedimiento aplicables al Consejo Constitucional y a la Comisión Experta, establecidas en la Constitución, en los reglamentos y los acuerdos de carácter general que emanen de dichos órganos.

Crea y define las facultades del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, además establece el procedimiento y calendario de elaboración del nuevo texto constitucional.