La nueva norma de la FTC infringe el criterio de arbitrariedad y caprichosidad establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos. Según la jueza, la norma en cuestión es «irrazonablemente amplia» y carece de una justificación adecuada, al no establecer una «conexión racional entre los hechos constatados y la decisión adoptada».