En esta ocasión José Luis Caballero Ochoa de México ha sido designado como presidente, asumiendo el liderazgo con una sólida trayectoria y un profundo compromiso con la justicia y equidad. Así mismo, Andrea Pochak de Argentina fue nombrada primera vicepresidenta y el Comisionado Arif Bulkan de Guyana como segundo vicepresidente.
En el marco del proceso de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y ante la solicitud de medidas provisionales por parte de la representación de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado que tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma en cuestión.
Para su elaboración, se realizaron dos encuentros con adolescentes, quienes contribuyeron a validar el texto y proponer un lenguaje y diseño adaptados para ellos. Este proceso se llevó a cabo en alianza con Save the Children y la Red Latinoamericana de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyA’s) y contó con el apoyo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA).
En la Resolución, la CIDH analizó la falta de medidas implementadas para su protección del beneficiario y lamentó la falta de información sustantiva y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría al beneficiario en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país.
La Comisión observó que su calificación como «contrarrevolucionario» y su manifestación contra el gobierno han llevado a su aislamiento severo, intimidación, golpizas y amenazas de retirar beneficios.
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal.
La solicitud alegó que Aniette González García se encuentra privada de libertad en una celda cubierta de agua proveniente de las tuberías, con alto índice de humedad, escasa luz, ínfima ventilación e insalubre, que se le impedía el descanso y se le suministra poca alimentación y que habría sido sometida a violencia verbal por parte del Estado.
Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de las personas propuestas beneficiarias, o su compatibilidad con la Convención Americana, se advierte que estas se encontrarían bajo custodia del Estado y se le ha negado información oficial a los representantes legales y familiares.
Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región. El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan.
La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.
Para el autor, para abordar de manera eficaz los desafíos interrelacionados del trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos, es crucial analizar la discapacidad desde la perspectiva de la discriminación.
