A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura.
En la solicitud de la medida cautelar, la representación alegó violaciones de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con los derechos a un juicio justo, igualdad, no discriminación y debido proceso legal.
En los últimos años, la Relatoría Especial ha recibido estimaciones anuales sobre órdenes mordaza y prohibición de libros en instituciones educativas de todo Estados Unidos. Informes de organizaciones de la sociedad civil indican que entre enero de 2021 y octubre de 2024 se aplicaron en 23 estados 47 órdenes mordaza en escuelas de primaria a secundaria, así como 10 restricciones adicionales en instituciones de educación superior.
El 22 de octubre de 2024, un juez de distrito estadounidense denegó la solicitud de Moore de una medida cautelar y una sentencia declarativa, y rechazó posponer su ejecución. La defensa de Moore ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda un aplazamiento de la ejecución, como medida de urgencia. Otras manifestaciones de clemencia dependen del gobernador de Carolina del Sur.
El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz por delitos contra la seguridad interna del Estado. El 16 de abril, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó a las instalaciones del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para analizar la Reforma Judicial. La Comisión fijó el 12 de noviembre para realizar dicha audiencia de manera presencial en Washington DC, Estados Unidos.
Este llamado tiene como objetivo reunir insumos relevantes sobre experiencias exitosas, logros alcanzados, y lecciones aprendidas, así como identificar modelos replicables que puedan ser utilizados para fortalecer las políticas públicas y acciones colectivas en materia de justicia climática y derechos humanos. Las contribuciones también podrán abordar los efectos desproporcionados que la crisis climática tiene en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluidas personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, y comunidades costeras.
Datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que, a nivel mundial, casi la mitad de los embarazos no son intencionales. Si bien las causas son diversas y varían de un país a otro, entre los factores comunes se encuentran el alto nivel de necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, la falta de acceso a una educación sexual integral y la alta incidencia de la violencia sexual.
En 1998, el político y senador paraguayo Juan Carlos Galaverna demandó al diario «ABC Color» y a su fundador y director, Zuccolillo, por calumnia, difamación e injuria. En 2001, este fue condenado a pagar una multa por estos delitos, sentencia que fue apelada y modificada en 2002 a una condena por difamación con una multa mayor.
El 5 de septiembre de 2024, estas 135 personas, que permanecían detenidas arbitrariamente en Nicaragua bajo condiciones deplorables y alegaciones de tortura y malos tratos, fueron excarceladas y trasladas a Guatemala. La CIDH saludó los esfuerzos de los Estados Unidos de América y Guatemala para recibirlas, así como las medidas anunciadas para garantizar asistencia médica y humanitaria.
La Comisión desarrolla en su informe la actuación de las maras y pandillas en El Salvador, una realidad que desde hace décadas ha impactado en los derechos humanos de la población salvadoreña y que fue observada en el informe país publicado en 2021.
