El 17 de julio, el Presidente y comandante en jefe de las Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, realizó declaraciones públicas afirmando que, de no ganar la reelección, el país podría «caer en un baño de sangre, en una guerra civil». Este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado.

El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017. En especial, observará la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género.

En lo que va corrido de 2024, al menos 50 personas, entre integrantes de campañas de oposición, sindicalistas, activistas y periodistas, fueron detenidas. Diez locales comerciales utilizados para reuniones de campañas opositoras fueron clausurados y comitivas de la oposición fueron retenidas en controles viales. Adicionalmente, dirigentes de oposición denunciaron el cierre de medios de comunicación y la falta de espacios en radio y televisión pública para candidaturas no oficialistas.

La comunidad internacional, en particular diversos Estados de la región, manifestó su rechazo ante la insubordinación militar, inclusive en el marco de la 54º Asamblea General de la OEA. En el país, varias instituciones gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y amplios actores sociales rechazaron estas acciones, al tiempo que anunciaron movilizaciones.

La Comisión afirma que la inconsistencia, ambigüedad o poca claridad de algunas normas ha generado incertidumbre en los profesionales de la salud sobre lo que es legal o no, lo que puede comprometer la calidad del servicio prestado por temor a ser sancionados.

La Comisión, si bien valoró las medidas adoptadas por el Estado, observó que estas no han sido suficientes para mitigar la situación de riesgo identificada en contra de los miembros del Pueblo Pataxó Hã-Hã-Hãe.

El Senado mexicano aprobó reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, estableciendo sanciones a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como «presas políticas».

La Comisión destaca que en el 2023 aprobó y publicó 12 Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) suscritos entre personas peticionarias y el Estado. De ellos, nueve contaban con un nivel de implementación parcial y uno con un nivel de cumplimiento total. Este número alcanza una cifra que triplica la del 2022.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) urge a los Estados de la región a adoptar una respuesta basada en los derechos humanos, la cual debe ser respaldada por la mejor evidencia científica y adoptar un enfoque de género, intercultural e interseccional. Ello incluyendo a su vez un enfoque diferenciado para regiones geográficas.