La instancia indagará la existencia de privilegios en el trato y otorgamiento de beneficios a determinados grupos de la población penal en la Araucanía, así como el registro de graves vulneraciones a los derechos del personal de Gendarmería de Chile.

La creación de la Comisión no cumplió con el número mínimo exigido por la norma; esto es, con 35% del número legal de congresistas. Ello no quiere decir que el Congreso no tenga competencia para formar una comisión investigadora que aborde asuntos de interés público, más allá de que los resultados electorales permanecerán inalterables, al ser preclusivos y perentorios.

La instancia estará encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La instancia recibió al Ejecutivo a través del Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien detalló el trabajo de la cartera y la agenda legislativa para enfrentar este tipo de hechos. Por su parte la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, remarcó la ausencia de medidas efectivas para prevenir e investigar estos hechos.

La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 120 días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.