La resolución impugnada se limita a expresar, en términos vagos y generales, los argumentos por los cuales no resulta procedente otorgar pensión de invalidez a la recurrente, al fundar la decisión en una frase de carácter meramente genérico referida a no cumplir con el estándar de invalidez mínimo requerido por nuestro derecho.
Al tener solo presente un informe médico, sin solicitar mayores antecedentes, la decisión de las recurridas deviene en arbitraria, por carecer de la necesaria racionalidad exigible a los órganos públicos.
Comisión Médica de la Superintendencia integrada por miembros diversos deberá adoptar una decisión debidamente fundada acerca de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
