Solo basta iniciar la tramitación de la posesión efectiva para detener los plazos.
El Tribunal de alzada confirmó que la información solicitada por Ley de Transparencia tiene el carácter de reservada, por lo que su divulgación podría afectar los intereses y derechos comerciales o económicos de las compañías que operan en el mercado de seguros.
Entidades fiscalizadas por la Comisión deberán enviar información relativa a las solicitudes de portabilidad tramitadas y de los productos contratados conforme a la Ley de Portabilidad Financiera.
Sorprende a esta Corte que el efectivo cumplimiento del principio de celeridad a que debe atender todo acto administrativo, de conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19.880, se acuse en este caso como un motivo de agravio, lo que no aparece de modo alguno razonable.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución adoptada por la entidad fiscalizadora, al aplicar una sanción de 50 UF al exejecutivo por infracción a la ley que regula la materia.
Los requisitos que prescribe la Ley N°18.046 no constituyen meras formalidades, sino tienen como fin salvaguardar la responsabilidad que asiste a todos los directores de una sociedad en virtud del deber fiduciario que pesa sobre ellos.
La Ley N°19.628 prohíbe informar las deudas por estudios superiores en registros o bancos de datos de organismos públicos o privados.
La calidad de denunciante anónimo se adquiere a través de la dictación de una resolución fundada de la Comisión para el Mercado Financiero y es remunerado con parte de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación.
La instancia busca fiscalizar la actuación de organismos públicos ante las denuncias públicas por triangulación de dineros entre AFP y administradoras de Fondos de Mercado y empresas relacionadas.
