La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.
No se puede imputar ninguna falta de diligencia en una persona, que como la lesionada usa un elemento comunitario, con socorrista, abierto, sin restricción alguna y funcionando con normalidad, que además no contaba con una mínima señalización que advirtiera del concreto riesgo, no pudiendo considerarse tampoco como un «riesgo general de la vida», ni de competencia de la víctima.
El Tribunal de alzada descartó arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la CMF, cuyo proceso sancionatorio se enmarcó en las facultades y atribuciones que le confiere la normativa legal.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario e ilegal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al aplicar la sanción.
El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia. Esta sentenciadora considera procedente desestimar la alegación opuesta por la demandada, referida a que el asegurado habría incumplido su obligación de cuidado medio u ordinario dispuesta en la cláusula primera del título tercero del condicionado general de la póliza, y que, sustantivamente, corresponde a una excepción de contrato no cumplido.
Los diversos informes de liquidación, así como el testimonio del perito contratado por la aseguradora resultaron contradictorios y no la libraron de cumplir con el contrato pactado, no pudiendo alegar infracciones a leyes probatorias en sede de casación debido a la naturaleza estricta del recurso.
Si bien la hipertensión arterial puede ser un factor de riesgo en relación a un infarto al miocardio, al igual que otras patologías o conductas (tabaquismo, sedentarismo), lo cierto es que no consta en modo alguno que haya sido la causa del infarto del actor.
Legalmente se asigna al seguro de responsabilidad civil una función que va más allá de los intereses de las partes contratantes y que supone introducir un factor de solidaridad social.
El Tribunal del alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago.
El Tribunal estableció que en la especie se constata la responsabilidad de la compañía aseguradora al incumplir la obligación pactada de cubrir la reparación del vehículo.
La negativa de la recurrida es arbitraria, pues no existen antecedentes objetivos que permitan establecer un vínculo directo entre la intervención realizada y cubierta en el año 2010, con la efectuada en marzo de 2021.
