Legalmente se asigna al seguro de responsabilidad civil una función que va más allá de los intereses de las partes contratantes y que supone introducir un factor de solidaridad social.

El Tribunal del alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago.

El Tribunal estableció que en la especie se constata la responsabilidad de la compañía aseguradora al incumplir la obligación pactada de cubrir la reparación del vehículo.

La negativa de la recurrida es arbitraria, pues no existen antecedentes objetivos que permitan establecer un vínculo directo entre la intervención realizada y cubierta en el año 2010, con la efectuada en marzo de 2021.

La entidad no contaba con mecanismos idóneos para el cumplimiento de la normativa que rige el proceso de Aceptación de Ofertas de los afiliados.

La recurrida alegó que dichos procedimientos y sus consecuencias no estaban cubiertas por la póliza de seguro.

La recurrida cubrió el siniestro al beneficiario y pretende que la actora reintegre lo pagado.

La aseguradora debe considerarse como deudora de las prestaciones que la ley prescribe, sin perjuicio de su facultad de repetir contra el empleador. La ley contempla el caso del empleador que ha omitido denunciar la obligación de pago o la contratación de un trabajador.

La acción impetrada no reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, toda vez que, no resulta ser la vía idónea, al exceder las materias que deben ser conocidas por esa vía atendida su naturaleza cautelar.

El máximo Tribunal descartó infracción en el fallo impugnada, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró prescrita la demanda.