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La Comisión no vulneró el Derecho de la Unión al cobrar las cantidades adeudadas. En particular, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco ni la entrada en vigor de la Ley de 9 de junio de 2022 permiten cuestionar la existencia de la propia deuda. Por consiguiente, no podían afectar a la legalidad de las decisiones de compensación.