El recurrido informó que la decisión se fundamentó en la gravedad de la situación de desacato, la existencia de un alto riesgo para la víctima y la necesidad de reforzar en el imputado la importancia de cumplir con las medidas cautelares y las resoluciones judiciales, especialmente en el marco de la protección de la mujer y la erradicación de la violencia de género.
La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.
La demandante pidió que la AFP en la que está afiliada rinda cuentas sobre la administración de su fondo de pensiones, materia que debe ser conocida por la judicatura laboral, por mandato expreso del artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, por lo que, al negar la tramitación, los jueces de fondo han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
En su estudio, la Fiscalía detectó que aproximadamente un 70% de los consumidores no cotiza entre las diversas funerarias y que un 49% dijo no haber recibido ninguno de los beneficios mortuorios que entrega el Instituto de Previsión Social (asignación por muerte) o las AFP (cuota mortuoria), los que son cobrados directamente por las funerarias. Eso contribuye a una baja competencia en el mercado.
Debido a que la jurisdicción de un Estado coincide con la jurisdicción federal, un enjuiciamiento estatal no impediría un juzgamiento federal anterior o posterior. El Estado tiene gran interés soberano en garantizar la seguridad pública y la justicia penal dentro de su territorio, incluido el interés en proteger a las víctimas de delitos tanto indígenas como no indígenas.
La recurrida ha actuado como jueza partidora en un proceso al que ha comparecido la actora y en el cual ha ejercido plenamente sus derechos. El recurso necesariamente debe ser desechado por no ser la vía idónea para reiterar debates y se dirige además en contra de una resolución judicial.
En virtud del principio de especialidad esta judicatura es la competente para conocer acerca de los conflictos relativos a procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos.
El máximo Tribunal determinó que la decisión constituye una falta o abuso grave que privó a la actora del derecho a la tutela judicial efectiva.
Jueces de fondo incurrieron en extra petita al anular todo lo obrado en juicio, en circunstancias que ninguna de las partes cuestionó la competencia del tribunal de base.
Iniciativa fue promulgada el pasado viernes 25 de marzo por el Presidente de la República y recientemente publicada en el Diario Oficial.
El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.
