La nueva norma de la FTC infringe el criterio de arbitrariedad y caprichosidad establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos. Según la jueza, la norma en cuestión es «irrazonablemente amplia» y carece de una justificación adecuada, al no establecer una «conexión racional entre los hechos constatados y la decisión adoptada».
La oficina de letrados se especializa en la tramitación de registros de inscripción de marcas, informando a sus potenciales clientes que poseían un 97% de éxito en dicho procedimiento, en circunstancia que dicho porcentaje no se aviene con la realidad. De esta forma, el bufete captaba clientes con información poco veraz.
La normativa exceptúa a los altos ejecutivos, definidos como aquellos empleados que perciben una remuneración anual superior a 151.164 dólares y ocupan posiciones de formulación de políticas clave en una empresa.
En el caso brillan por su ausencia elementos probatorios acerca de las circunstancias alegadas, en tanto la demandante erigió su pretensión en el propósito que tuvo la demandada con la suscripción de los referidos pactos de exclusividad, sin considerar los demás requisitos necesarios para la configuración del acto de competencia desleal bajo estudio.
Se determina que el mensaje publicitario que la empresa difundió en los perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram denominados “Biolab & Inmunomed” y “Biolabinmunomed, a través de las piezas publicitarias cuestionadas, no corresponde a la realidad. En consecuencia, se han configurado los actos de engaño denunciados.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda.
En la medida de lo posible, la publicidad debe adoptar la misma presentación de las clases y gamas que la que figura en la etiqueta energética del horno o de la campana extractora de que se trate. En cualquier caso, si esa presentación no fuera factible, la clase y la gama deben aparecer de manera legible y visible y estar dispuestas de forma que respondan a las exigencias de información del consumidor.
La Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió, con costas, la demanda y le ordenó a Masterfoods dejar de utilizar la frase publicitaria: “ocho de cada 10 gatos prefiere Whiskas” y publicar íntegramente la sentencia en un diario de circulación nacional.
No existe prueba de que el trabajador infringiera las prescripciones médicas sobre su recuperación. Además, no hubo acto de competencia desleal sino mera prospección de alternativas laborales futuras. No concurren en este concreto supuesto las exigencias previstas en la norma sobre la transgresión de la buena fe contractual.
Recurrente denunció que una empresa formada por sus hermanos y dedicada a explotar el mismo giro comercial desvía clientes suyos utilizando el apellido que es conocido dentro del rubro, circunstancia que se descartó por la judicatura infrinja la ley de propiedad industrial.
La recurrente redujo sustancialmente el monto indemnizatorio, al acreditar que los jueces de fondo no pudieron relacionar correctamente los hechos asentados con la infracción contenida en la letra c) del artículo 4 de la Ley N°20.169, esto es, causar descredito, mala fama, o mentir respecto de la reputación de la empresa demandante.
