El máximo Tribunal determinó que la decisión constituye una falta o abuso grave que privó a la actora del derecho a la tutela judicial efectiva.
Jueces de fondo incurrieron en extra petita al anular todo lo obrado en juicio, en circunstancias que ninguna de las partes cuestionó la competencia del tribunal de base.
Iniciativa fue promulgada el pasado viernes 25 de marzo por el Presidente de la República y recientemente publicada en el Diario Oficial.
El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.
El Tribunal declara que, aunque todas estas cuestiones plantean problemas constitucionales, deben aclararse de manera previa en los procedimientos de los tribunales administrativos que correspondan
En razón del principio de la bilateralidad de la audiencia, el juzgado de primer grado no puede resolver sobre la base de las afirmaciones de una sola de las partes, en este caso, de la denunciante.
Las partes han entregado al conocimiento de un árbitro las controversias que digan relación con la validez del contrato que las vincula, por lo que el conflicto debe ser ventilado ante un árbitro y no en sede ordinaria.
No existe resolución que otorgue competencia al recurrido para dictar resoluciones en aquel expediente. Por ende, la orden de embargo impugnada resulta ilegal y arbitraria.
La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.
El objeto de la pretensión es materia de indivisión y no de la partición en sí, por lo que es una cuestión accesoria que puede ser resuelta por la justicia ordinaria y no necesariamente por el juez partidor.
