La COMPIN como la SUSESO tienen la obligación de capacitar a sus funcionarios para afrontar casos en que las licencias médicas tengan su origen en patologías relacionadas con casos de violencia intrafamiliar.
El Tribunal de alzada acogió el recurso interpuesto y condenó en costas a la recurrida, al considerar que actuó arbitraria e ilegalmente al ratificar los rechazos de la Compin, sin contar con exámenes o peritajes médicos de respaldo.
La realización de nuevos exámenes o una evaluación clínica son diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido.
El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la autoridad al sancionar a la profesional por negarse a entregar fichas médicas de sus pacientes, siendo que tiene otros mecanismos para verificar atenciones sin vulnerar la privacidad de los pacientes.
La resolución ofrece los elementos de juicio necesarios para entender la razón por la cual se negó el derecho al reposo prescrito.
La Ley 21.258 establece normas protectoras de los derechos de los empleados, cuyo ámbito de aplicación excede a quienes se encuentran regidos por el Código del Trabajo.
El pronunciamiento del COMPIN resulta vinculante para el servicio público y si declara que la salud del funcionario es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 de la Ley 18.834.
Lo anterior, sin importar si la incapacidad se originó en dos o más licencias continuadas o discontinuas entre sí.
El diagnostico quedó a la mera discrecionalidad de la recurrida.
El pronunciamiento mantuvo el criterio sostenido sobre la materia.
