La oferta pública publicitaria puede estar afectada por un error, y el hecho de que se trate de un contrato de consumo no condena al emisor a cargar con errores en los que no participa la mala fe. El contrato de consumo tampoco habilita a los consumidores a reclamar en supuestos donde la existencia del error es manifiesta, ya que, si bien la oferta pública publicitaria es considerada vinculante, tal efecto cede al comprobarse un error en la formación de la voluntad.

En la resolución se explica que esperan que la intervención del Consejo de Defensa del Estado permita cautelar el correcto uso de los recursos fiscales y sancionar penalmente los responsables.

La recurrente objetó el acto acusando simulación, porque el bien raíz fue enajenado por el demandado en un precio muy inferior al real, con la intención de transferirlo a un tercero y así evitar que el inmueble fuera parte de la liquidación de la sociedad conyugal que enfrentaban ambas partes por ser ex cónyuges.

El máximo Tribunal desestimó los yerros denunciados por la recurrente en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.

La jurisprudencia ha establecido, como lo ha puesto de manifiesto el a quo, que los copropietarios pueden, por propia voluntad, establecer en sus Estatutos una serie de limitaciones a sus facultades de disposición y, por ello, que afecten a sus derechos de propiedad, cuando el interés de la comunidad lo haga aconsejable y así lo estimen conveniente.

El CBR de Castro se negó a inscribir una compraventa que recaía en un inmueble indígena, en atención al artículo 13 de la Ley N°19.253, que prohíbe la enajenación de un predio indígena a un tercero que no posea tal calidad, sancionando dicho acto con nulidad absoluta.

El fallo señala que para adoptar tal decisión la sentencia de primera instancia señaló que Inmobiliaria Aconcagua S.A., no ha celebrado ninguno de los contratos de promesa de compraventa de inmuebles cuyas cláusulas se imputan ser abusivas, sino que estos contratos habrían sido suscritos por sociedades filiales, que no fueron emplazadas al juicio.

Si bien el actor había ejercido la acción resolutoria del contrato más la indemnización de perjuicios por el monto equivalente al saldo insoluto de la deuda, el Tribunal interpretó que en realidad lo requerido era el cumplimiento forzado, por lo que accedió a este.

Esto se desprende del análisis armónico del artículo 14 de la Ley N°19.253 en relación con el artículo 1749 del Código Civil.

Asentado que la acción de inoponibilidad es de naturaleza inmueble, la regla aplicable es la del artículo 135 del COT; a falta de estipulación, será competente el juez del lugar donde se contrajo la obligación o donde se encontrare la especie reclamada, a elección del demandante.