En recurrente impugnó normas relativas a la prueba y las presunciones judiciales, pero nada dijo respecto de las normas decisora litis en que se funda la decisión contenida en la sentencia que pretende anular.

De acuerdo al artículo 2415 del Código Civil no prohíbe la venta, como tampoco una prohibición convencional, cuya contravención no afecta su validez, sino que es un incumplimiento contractual que acarrea las sanciones contempladas en el artículo 1555 de ese Código. Civil.

El retardo en practicar las inscripciones solicitadas por la recurrente afecta su derecho de propiedad.

El máximo Tribunal estimó que el demandante no poseía interés pecuniario en el acto que pretendía anular.

Resultan indicios típicos de la simulación de un contrato la falta de necesidad para la realización del negocio, la enajenación plural de bienes, el precio irrisorio de la venta y la falta de tradición de la cosa vendida.

La demandante cumplió sus obligaciones y firmó el contrato definitivo en tiempo, mientras que la demandada lo hizo vencido el término pactado.

El demandante no cumplió con su carga procesal de acreditar todos los supuestos de la acción de nulidad incoada y es ello lo que impidió que obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones, de modo que no se advierte la manera cómo se habría alterado la carga de la prueba.

La demandada no pagó el precio de las acciones compradas dentro del plazo pactado, y al no verificarse alguna causal que lo exima de su responsabilidad, procede acoger la acción.

La prueba confesional permitió concluir que la voluntad contenida en los contratos oculta la intención de extraer los inmuebles del patrimonio de la comunidad hereditaria que se formaría al fallecimiento de la causante.

El máximo Tribunal estableció que en la especie corresponde el pago por daño emergente, reclamado por la demandante, monto que se cuantifica en $30.000.000; cifra que se suma a los $15.000.000, por daño moral, ordenados pagar en el fallo de primera instancia.