El marco normativo debe interpretarse en el contexto de una definición neutral en cuanto al género del concepto de familia, conforme a la Constitución. Asimismo, consideró que la disposición anulada presentaba una redacción ambigua y generaba restricciones que afectaban el contenido informativo relacionado con modelos familiares no tradicionales.
El ámbito del Estado es el de la identificación registral, cuya validez constitucional –se insiste- estará condicionada a que la finalidad de la registración sea lícita y que los datos colectados en tales registros sean útiles y razonables; la identidad, por el contrario, es propia del área íntima de las personas y se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, “exenta de la autoridad de los magistrados”, es decir, ajena al poder regulatorio del Estado.
El Título IX, parte de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones que reciben fondos federales, salvo excepciones, como la exención religiosa aplicada en este caso. Dicha exención permite que las instituciones religiosas no se vean obligadas a cumplir con las disposiciones del Título IX cuando éstas sean contrarias a sus creencias.
Es obligación de las instituciones educativas brindar una atención inmediata, prevalente y prioritaria, al igual que activar protocolos y rutas de atención para evitar escenarios de discriminación. Apartarse de ese deber no solamente genera situaciones revictimizantes, sino que permite la perpetuación de las violencias y tiene un efecto directo en el potencial ejercicio y goce efectivo de otros derechos.
Los promotores del proyecto de ley 19/13123 resaltan la necesidad de mayor protección jurídica, citando los avances en la legislación de la Unión Europea y en varias constituciones estatales alemanas. Sin embargo, señalan que persisten prejuicios sociales que resultan en discriminación jurídica y social, particularmente contra personas homosexuales.
La ley prohíbe la presentación de “entretenimiento de cabaret para adultos” en público o en presencia de menores de edad. Esta categoría incluye espectáculos que presentan imitadores masculinos o femeninos, entre otros, y que se consideran perjudiciales para menores.
Las autoridades pusieron fin a la custodia del demandante sobre sus dos hijos adoptivos esencialmente debido a su transexualidad, su cambio de identidad de género y la consiguiente alteración de la «familia tradicional», definida en la legislación nacional como la unión de un hombre y una mujer.
La conducta desarrollada por el actor no puede enmarcarse dentro del ámbito de la libertad de expresión que todos pueden ejercer según la Constitución, ya que desarrolló en el correo electrónico no cuestionado un discurso relativo al colectivo homosexual que tendía a difamar públicamente a un grupo de personas por razón de su orientación sexual.
La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.
La idea de interpretar la caducidad “con mayor flexibilidad” a partir de “una mirada distinta, es decir, con perspectiva de género”, conllevaría a prescindir de la inacción procesal verificada por un plazo que no se condice con el carácter expedito del amparo y a establecer una situación de privilegio soslayando la aplicación de las normas procesales que rigen el caso.
