En la audiencia, las comunidades indígenas que presentaron la reclamación en la causa R-31-2023, se refirieron a los vicios y defectos que, a su juicio, tuvo el procedimiento de participación ciudadana; indicando además que se omitió un proceso de consulta indígena y que existiría una errada determinación del área de influencia del proyecto y por lo tanto de sus impactos.
Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
Pese a que se comprobó que la causante no murió contagiada de Covid-19, el Servicio no entregó los restos a la comunidad y enterró el cadáver.
Solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades de los ataques violentos que perpetua una banda delictiva.
La Corte consideró necesario intervenir a fin de permitir salvaguardar los derechos de la comunidad y garantizar la pervivencia de la misma.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso por considerar que no se ha acreditado ningún vicio de ilegalidad y por considerar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto.
El Tribunal Ambiental de Valdivia, en su oportunidad señaló que, el SEA realizó un ejercicio correcto al momento de descartar el posible efecto del proyecto en la saturación u obstrucción de la Ruta Y-340, estableciendo que no hay afectación a las comunidades Kawésqar al no haber mayores tiempos de desplazamiento a causa del proyecto.
La Minera Maricunga provocó un derrame de petróleo, de aproximadamente 12 toneladas, en el mes de mayo del año 2017, en sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento el Gallo.
El fallo enuncia dos cuestiones sobre la función de las convenciones de DDHH. En primer lugar, sobre el efecto derogatorio de estos respecto de la legislación interna. En segundo lugar, el planteamiento sobre la colisión de contenidos convencionales entre el Convenio N° 169 de la OIT y la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
La sentencia concluye que las resoluciones del SEA se ajustaron a derecho al declarar inadmisible la reclamación administrativa, ya que la ley exige expresamente que lo que se puede impugnar es “el acto que realice la revisión”, lo que no ocurrió en la especie.
