La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.

Las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestiones útiles para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, de suerte tal que no es posible atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante, en tanto la causa penda en segunda instancia por haber sido llevada a ella por la apelación de la propia demandada.

Resolvió que, en materia penal, los derechos de las víctimas no otorgan un derecho subjetivo a actuar directamente en el proceso, ya que la acción penal persigue un interés público. Agregó que la formalización es un requisito para que el querellante pueda acusar, pues es el Ministerio Público quien dirige la investigación, lo que garantiza un proceso justo y evita la privatización de la acción penal.

Se tuvo en consideración que el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.186 exige que cada parte designe un perito para la avaluación del bien expropiado, variando con ello el mecanismo general de nombramiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, y que la regulación especial de este procedimiento establece un vínculo indisoluble entre el perito y la parte que lo designa, encargando al primero la corroboración técnica de la pretensión que sostiene en juicio.

Resolvió que la ocupación no deriva de la ignorancia o mera tolerancia por parte del dueño, sino que de la existencia de un vínculo de familia entre la demandada y el hermano del actor –anterior propietario del inmueble- quienes mantuvieron una relación de convivencia de la cual nació una hija de actuales 13 años de edad, quien ha vivido la mayor parte de su vida en dicho domicilio junto con su madre.

La Corte Suprema concluyó que el término probatorio seguía suspendido mientras no se notificara su reanudación a ambas partes, conforme a la Ley N°21.226, y que la Corte de Temuco erró al interpretar los plazos de inactividad, vulnerando las disposiciones legales que rigen esta institución procesal.

Resolvió que la acción reivindicatoria es procedente, ya que la demandante, titular del dominio y poseedora inscrita, puede ejercitarla contra quien solo detenta la posesión material, en virtud de lo dispuesto en los artículos 889 y 895 del Código Civil.

Resolvió que la solicitud de la demandante para tenerse por notificada de la resolución que recibió la causa a prueba constituye una gestión útil, destinada a continuar con el curso progresivo del proceso, y que impide declarar el abandono del procedimiento.

Resolvió que la decisión de rechazar las licencias médicas se ajustó a la normativa aplicable, ya que se consideraron antecedentes objetivos, como peritajes médicos, que avalaron la decisión de reintegrar laboralmente a la actora.

Resolvió que la relación familia constituye un vínculo jurídico entre el ocupante y la propiedad, lo cual excluye la posibilidad de una tenencia en precario y que, por lo tanto, debe ser resuelta mediante acciones específicas y no a través de una demanda de precario.