Las tierras ceremoniales son esenciales para el despliegue de la libertad de creencia de los recurrentes y se encuentran protegidas tanto a nivel legal, como también a través de en instrumentos internacionales que son obligatorios para el Estado.

La obtención de personalidad jurídica de las comunidades indígenas no deviene de un acto en concreto dictado por la administración del Estado, sino que tiene su origen directo en la Ley.

La corporación, en ejercicio de sus facultades, consideró verificados los requisitos legales para la inscripción de la comunidad, cuya decisión no se contrapone ni a la ley ni al reglamento de la materia.

La declaración de falsedad ideológica o desviación de poder es procedente cuando se refiere a un acto administrativo que comprenda una decisión.

Para el máximo Tribunal, en este escenario fluye que la Conadi ha incurrido en una demora excesiva en la tramitación de la petición administrativa que, si bien no justifica la irrupción que ellos hicieron en el predio de la actora, obliga a que esta Corte, en pos del restablecimiento del imperio del derecho y la búsqueda de la debida protección de los afectados, disponga que a dicho procedimiento deberá dársele curso con la mayor celeridad posible.

Se verificó que el actor causó un agravio a los bienes fiscales incumpliendo sus deberes laborales, por lo que es responsable administrativamente y fue sancionado en conformidad a derecho.

Con este reconocimiento son diez los pueblos indígenas en la Ley Indígena.

El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación deducido por las demandantes, anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.