La conducta de las recurridas afecta negativamente el ecosistema del sector en donde está ubicado el inmueble en el que se han realizado las acciones y obras denunciadas.

Al Ministerio del Medio Ambiente le compete el ejercicio de esta función, por ende, resulta jurídicamente procedente que su Subsecretaría fije los lineamientos para el ejercicio de esa prerrogativa pública.

La Corte sostiene que, en atención al riesgo que existe de ocasionar un daño irreparable al ecosistema, en el evento de ser efectivos los hechos denunciados, se debe acoger el recurso.

La fiscalización o evaluación del diseño y condiciones técnicas de la obra correspondiente competen al organismo sectorial pertinente.

Resolución rechazó solicitud de invalidación respecto de la aprobación del “Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles”, por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y que permitiría la futura construcción del proyecto inmobiliario “Lomas de Paso Hondo” de la empresa Inmobiliaria El Mirador S.A., en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.

La autorización de CONAF se realizó de forma administrativa y sin una visita al terreno, lo que contraviene las obligaciones que establece el artículo 48 de su Reglamento.

El dictamen impugnado se emitió en conformidad a derecho y CONAF como órgano de la Administración está obligado a dar cumplimiento a la interpretación que ha realizado el órgano contralor.

El incidente de incompetencia fue presentado por Inmobiliaria el Mirador S.A., la cual es tercero coadyuvante de Conaf en la reclamación que analiza el Tribunal Ambiental, interpuesta por 4 vecinos de la comuna de Quilpué.

El Tribunal de alzada estableció que en la especie el recurso de protección no procede y que, además, los órganos recurridos actuaron dentro de sus atribuciones legales.