Se estimó que el actuar del acusado fue sobre seguro, al agredir de gravedad a una persona que ya había sido reducida por terceros. Asimismo, la magistratura consideró que el encartado no puede desconocer su dolo homicida, si luego del hecho, procuró ocultar evidencias y que los copartícipes omitieran declarar su participación en el mortal ataque.
Mediante la técnica investigativa, los agentes pudieron determinar que el acusado -que originalmente no era investigado- entregaría un paquete de marihuana a otro coimputado, tras lo cual, fue seguido y detenido, para posteriormente registrar su domicilio, donde fueron incautados más de 65 kilos de cannabis listos para ser comercializados y diversas municiones de alto calibre.
Los acusados formaban parte de una agrupación delictual especializada en internar droga a través de contenedores transportados en barcos, y recibidos en diversos puntos del país. En el último traslado, personal de la Armada -gracias al aviso de agentes encubiertos- abordó una nave proveniente del Perú e incautó más de una tonelada de marihuana de alta pureza que iba ser comercializada desde el puerto de Arica.
El acusado intentó anular la condena al sostener que no se tuvo presente el examen de pureza de la cannabis incautada -que fue encontrada al interior de un recinto penal-, argumento que fue desechado por la magistratura al estimar que dicho examen sirve para diferenciar si el encartado es consumidor o traficante, defensa que no se invocó en la especie.
El acusado intentó disminuir la condena argumentando que el delito se encontraba en grado de desarrollo tentado, tesis que fue desestimada por la Corte Suprema al hacer notar que el espíritu de la Ley Nº20.931, que modificó el artículo 449 del Código Penal, no es otro que sancionar esta clase de ilícitos sin considerar el grado de desarrollo imperfecto.
