El acusado intentó asilarse a la minorante del artículo 11 N°9 del Código Punitivo, en circunstancias que el esclarecimiento de los hechos quedó asentado mediante la información recabada por agentes encubiertos, por lo que el máximo Tribunal no puede revisar nuevamente la investigación para dar lugar a la tesis de la defensa.

Durante el mes de octubre de 1973, el acusado fue el líder de un grupo de uniformados que torturó en reiteradas oportunidades a la víctima, quien tras la intervención de un sacerdote que lo reconoció logro escapar a Francia. Además, el Fisco fue condenado al pago de 40 millones de pesos en favor del denunciante a título de daño moral.

El máximo Tribunal estimó que el retardo en la diligencia constituye una infracción administrativa para el funcionario responsable por el incumplimiento, pero ello no puede ser invocado como una causal de nulidad por infracción al debido proceso, pues no afecta sustantivamente a la cadena de custodia.

El tribunal tuvo presente que el delito de receptación de vehículo motorizado, conforme lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años y multa equivalente al valor de tasación fiscal del vehículo.

Aun sin estar convencido de la culpabilidad de Jesús, Pilatos se lavó las manos, en un sentido literal (ante las hordas de judíos que pedían la muerte del Nazareno) y también metafórico, pues pretendió –con dicha actuación- no ser el último responsable de la condena, cuestión hartamente debatida, pues lo que sí hizo es condenar a Jesús también a la tortura mediante la flagelación, pena que no estaba prevista ni siquiera por el Sanedrín, en su sentencia.

La Primera Sala del máximo tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que fijó en $50.000.000 el monto de la indemnización por daño moral.

El tribunal aplicó, además, al condenado a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal aplicó, además, a Álvarez Zenteno las accesorias legales de suspensión para ejercer cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; más el pago de las costas de la causa.

A consecuencia de agresión “Víctor Varela resultó con herida penetrante cervical, debiendo ser trasladado al Hospital Barros Luco lugar, donde falleció el 24 de abril de 2020, producto de la agresión señalada”.

No se vislumbra alguna afectación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 número 7 de la Constitución, toda vez que las alegaciones fundantes del amparo no se han hecho valer en el tribunal que actualmente conoce la causa, señala el voto en contra.