Para esclarecer la participación de la imputada en el atraco, fueron fundamentales las escuchas telefónicas autorizadas en otro juicio que daban cuenta del asalto y robo del auto, hecho que alertó a la policía, que finalmente detuvo a la acusada conduciendo el vehículo robado sin sus placas patentes.

En el año 2008 el sentenciado falsificó un acuerdo de pago para eludir el cumplimiento de una sentencia civil que lo condenó a pagar $5.100.000.-, delito de falsificación por el que fue condenado penalmente en 2010, sentencia que interrumpió la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, por la que finalmente fue condenado al pago de perjuicios materiales y morales.

El proceder de la encausada menoscabó públicamente el honor personal y profesional de los querellantes en un grupo de Facebook con más de 40.000 miembros.

Contactaba a las víctimas a través de diversos medios, tales como: página web, correo electrónico, vía telefónica o presencialmente en las sucursales de la empresa en la Región Metropolitana y, simulando mantener los medios para concretar los servicios, les solicitaba la transferencia de fondos.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

Se le atribuyó la responsabilidad en una serie de delitos cometidos durante su interinato como presidenta del país en el año 2019.

Recurrente alegó vulneraciones al debido proceso y principios de oralidad e inmediación al efectuarse el juicio en modalidad telemática, argumentos considerados insuficientes a juicio del máximo Tribunal.

La sanción obedece a evitar las formas de propagación de odio hacia razas y religiones.

La empresa estatal abusó de su posición dominante en el mercado nacional de correspondencia, e incurrió en prácticas de competencia desleal con el fin de conservar o incrementar dicha condición.

Aplicó, además, a Warner Villagrán la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 20 UTM y de las costas que generó en el proceso.