Favorece al amparado una ley más favorable, promulgada después de ejecutoriada la sentencia, pero en ese caso el tribunal de ejecución se encuentra obligado a modificarla de oficio o a petición de parte la sentencia para darle aplicación.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y declaró que se acoge la acción constitucional de amparo deducida en favor de Raúl Ángel Troncoso Méndez, disponiendo, en consecuencia, que se abone al saldo de pena que actualmente purga el amparado.
El máximo Tribunal consideró que yerran los jueces recurridos al no abonar el tiempo que permaneció el amparado privado de libertad en un proceso previo, a la condena que actualmente está purgando.
