Para acceder al financiamiento público solicitado, la normativa exige que el condominio acredite su calidad de vivienda social o de interés público, conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 68 de la Ley N° 21.442, dicha condición no fue acreditada, por lo que, en consecuencia, no existe un derecho indubitado que justifique la procedencia de la acción de protección.
La finalidad de la acción constitucional es la protección de derechos preexistentes o indubitados que se vean afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.
El artículo 5 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria no establece la opción de suspensión del suministro de agua para estos casos, pues se refiere exclusivamente al corte de la energía eléctrica.
Las residencias universitarias son consideradas como vivienda, por ende, no infringe su instalación las normas del reglamento de copropiedad.
La limitación fundada en las dimensiones del vehículo y las eventuales molestias para los vecinos, son un obstáculo al derecho de propiedad que le asiste al actor.
El actor no puede usar y gozar exclusivamente de un bien común, sin previa autorización.
La conducta del recurrido se torna arbitraria e ilegal, por cuanto ha turbado el derecho de propiedad de la actora, lo que vulnera la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución.
El ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial para determinar si la decisión de sancionar a un residente fue adoptada correctamente.
Establecer la condición de pagar los gastos comunes para ingresar al condominio constituye una vía de hecho que contraría el orden jurídico, pues impide de facto el acceso establecido en beneficio de los predios.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que la Comunidad requerida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.
