El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, desde que, eximir al gerente general del Banco Estado de absolver posiciones, deja al requirente en indefensión, trasgrediendo el debido proceso y las normas reguladoras de la prueba.
No excediendo de seis años la pena pedida de común acuerdo por las partes y dada la conformidad prestada personalmente por los acusados, debe dictarse sin más trámite la sentencia procedente según la calificación mutuamente aceptada por las partes, toda vez que los hechos calificados son constitutivos de delito y la pena solicitada la correspondiente al mismo.
Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores, y la sola indicación de la madre a las hijas para que se fueran apoderando de lo que se apoderaron fue suficiente para que lo llevaran a cabo.
Sólo se alega que se prestó declaración, sin entregar alguna información relevante entregada en concreto.
Quedan al margen aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad.
De la prueba practicada en el acto del juicio oral, del resultado de la declaración del propio acusado admitiendo los hechos tal y como han quedado probados, de las declaraciones de los testigos que han declarado y los peritos que se han ratificado y explicado su informe realizado y de la prueba documental, queda acreditada la autoría del acusado.
El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.
El acusado, al ser consultado por el accidente que protagonizó un vehículo de su propiedad, confesó espontáneamente que él lo conducía al momento de los hechos en estado de ebriedad, declaración que fue dada en una conversación espontánea con personal de Carabineros, y que se ciñe a las facultades investigativas autónomas que el artículo 83 del Código Procesal Penal reconoce a los agentes.
Carabineros efectuó un control vehicular al acusado debido al cordón sanitario existente en San Antonio por la crisis sanitaria, momento en que de forma espontánea el encartado reconoció a los agentes que poseía cocaína dentro del móvil, indicio habilitante para realizar el control de identidad según lo establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal.
El fallo dictado en 1974, condenó a tres particulares por delitos contra la seguridad interior del Estado, no obstante, las confesiones de los hechos que sirvieron de sustento a la decisión, fueron obtenidas luego de extensas jornadas de tortura a las que fueron sometidos los actores.
La recurrente no es una adolescente «cabeza de chorlito» que «apuntó un puntero láser a un avión que pasaba solo por diversión». Más bien, es una persona «muy inteligente» que investigó cuidadosamente una forma ilícita de interrumpir un tren en movimiento. Obtuvo conocimientos especializados sobre sistemas de señalización ferroviaria y trenes al estudiar múltiples informes y artículos en varios sitios web.
