El acusado, al ser consultado por el accidente que protagonizó un vehículo de su propiedad, confesó espontáneamente que él lo conducía al momento de los hechos en estado de ebriedad, declaración que fue dada en una conversación espontánea con personal de Carabineros, y que se ciñe a las facultades investigativas autónomas que el artículo 83 del Código Procesal Penal reconoce a los agentes.

Carabineros efectuó un control vehicular al acusado debido al cordón sanitario existente en San Antonio por la crisis sanitaria, momento en que de forma espontánea el encartado reconoció a los agentes que poseía cocaína dentro del móvil, indicio habilitante para realizar el control de identidad según lo establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

El fallo dictado en 1974, condenó a tres particulares por delitos contra la seguridad interior del Estado, no obstante, las confesiones de los hechos que sirvieron de sustento a la decisión, fueron obtenidas luego de extensas jornadas de tortura a las que fueron sometidos los actores.

La recurrente no es una adolescente «cabeza de chorlito» que «apuntó un puntero láser a un avión que pasaba solo por diversión». Más bien, es una persona «muy inteligente» que investigó cuidadosamente una forma ilícita de interrumpir un tren en movimiento. Obtuvo conocimientos especializados sobre sistemas de señalización ferroviaria y trenes al estudiar múltiples informes y artículos en varios sitios web.

Durante el juicio el ejecutante reconoció que existían cuotas vencidas con anterioridad a la interposición de la acción, y que perseguía el pago de las parcialidades que aún se encontraban vigentes.

La prueba confesional permitió concluir que la voluntad contenida en los contratos oculta la intención de extraer los inmuebles del patrimonio de la comunidad hereditaria que se formaría al fallecimiento de la causante.