La adquisición de derechos de extracción debe respetarse conforme a los principios de buena fe, seguridad jurídica y equidad, habiendo nacido en los pescadores artesanales la confianza legítima de que la autoridad le habría reconocido y declarado sus derechos.

El principio de la confianza legítima se aplica únicamente para aquellos funcionarios que han sido incorporados a sus labores en calidad a contrata, y luego de dos renovaciones anuales del contrato.

El contrato a plazo fijo de la actora fue renovado en más de dos ocasiones, circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal consideró que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, por lo que no avizoró la existencia de un comportamiento antijurídico.

La ausencia de motivos fundados vulnera el artículo 11 de la Ley N°19.880 así como la igualdad ante la ley, transformando el acto administrativo en una decisión caprichosa de la autoridad.

La confianza legítima solo exige que el acto que contiene la decisión de no renovar una contrata se encuentre debidamente fundado con razones objetivas.

El decreto contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan de manera suficiente la decisión.

El acto administrativo carece de fundamentos objetivos y razonables.

En virtud de las sucesivas contrataciones del funcionario corresponde aplicar el principio de la confianza legítima, pues el funcionario tenía una legítima expectativa de que su contrata fuese renovada nuevamente.

Aun cuando la entidad edilicia haya recuperado la administración de la macroferia, no puede desconocer, sin mediar justificación razonable, la larga data de ocupación de los recurrentes.