El acusado fue sorprendido bebiendo alcohol junto a los ocupantes de un vehículo, momento en que fue controlado por los agentes en virtud de la Ley Nº18.290, y al no exhibir la documentación requerida, el control se tornó en investigativo, resultando en el hallazgo al interior del móvil de diversas dosis de marihuana listas para la venta, y municiones sin la debida autorización.

De igual forma, el Fisco debe indemnizar al hermano de la víctima con la suma de $30.000.000.- a título de daño moral, debido a que el crimen fue cometido por agentes del Estado contra un opositor político del régimen que gobernaba la nación en aquella época.

El imputado intentó revertir el castigo argumentando que fue detenido en un procedimiento ilegal, pues nadie autorizó a Carabineros ingresar a su domicilio -lugar en que fue capturado- sin una orden judicial previa, tesis que fue desechada por la magistratura, al verificar que los funcionarios actuaron dentro del plazo para perseguir un delito flagrante según el artículo 129 del Código Procesal Penal.

El encartado pretendió revertir el castigo acusando que el juicio oral debió realizarse de forma presencial y no remota, tesis que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar que el encartado renunció a su derecho a guardar silencio, declaró en juicio, en todo momento contó con la asistencia de su abogado, y el letrado pudo contrainterrogar a los testigos de cargo e incorporar pruebas.

La alcoholemia arrojó que al momento del accidente el acusado tenía 2,43 gramos de alcohol en sangre. Asimismo, el choque produjo lesiones de diversa entidad a los ocupantes del vehículo siniestrado, las que no pudieron ser controvertidas por el imputado pese a cuestionar los errores formales del parte de lesiones, por lo que el máximo tribunal desestimó el arbitrio y confirmó la condena impuesta.

El encartado fue fiscalizado por los agentes, quienes notaron el bulto en la cintura del acusado, que resultó ser una pistola de fogueo modificada para el disparo convencional, cargada con munición -también modificada- por lo que el control mutó a uno investigativo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal, siendo detenido y finalmente condenado por el porte del arma prohibida.

Al divisar la presencia de Carabineros el imputado hizo un ademán de esconder algo en su cintura, lo que alertó a los agentes que al practicar el control preventivo notaron que el recurrente escondía en sus vestimentas un arma de fuego prohibida, lo que mutó el control preventivo en uno investigativo.

Al momento de realizar el control preventivo y solicitar el carnet de identidad de la imputada, los agentes notaron que en el mismo banano donde la acusada guardaba el documento, existía una cantidad indeterminada de “papeles cuadriculados blancos”, mutando el control a uno investigativo del cual se determinó que la recurrente portaba 103 papelillos de pasta base y dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia, siendo detenida y puesta a disposición de las autoridades.

Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.

El acusado intentó revertir la condena al sostener que no existió indicio para ser controlado, pues el acto observado por los agentes correspondía a uno neutro consistente en, “levantar desde el suelo un objeto metálico que parecía pistola con el fin de resguardar la seguridad de los niños que jugaban en el sector”.